Organizaciones Sociales Luchan Por el Derecho a la Tierra y Conservación de los recursos Naturales

Las Federaciones y redes de organizaciones rurales y urbanas, bajo el lema “Por el Derecho a la Tierra y la Conservación de los recursos Naturales” rechazamos el “Proyecto de Ley sobre Violación e Invasión de la propiedad Pública o Privada”, presentado por la Cámara de Diputados, con el cual se busca criminalizar a más del 50% de las familias dominicanas en sus derechos de posesión de los terrenos que usufructúan, tanto en el campo como en la ciudad.

Las organizaciones consideramos que de aprobarse este proyecto de ley, estaría tratándose como criminales a más del 50% de las familias del país, las cuales poseen títulos provisionales o documentos alternativos de propiedad, otorgada desde 1962 por entidades en los sucesivos gobiernos.

El Movimiento Campesinos y Sociales de la República Dominicana denunciamos que si los congresistas aprobaran este proyecto de ley, estarían vulnerando la “función esencial” del Estado, contenida en el Art. 8 de la constitución, en el que se establece: “Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva…”

Consideramos, que si esto ocurriera, se estaría violando, además 2 derechos fundamentales consignados en la constitución y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En primer lugar art. 51 literal 3, el cual se refiere a que “Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional…”.

Denunciamos que existe un gran problema de extralegalidad de la propiedad tanto de la tierra rural como urbana, y que ésta realidad es responsabilidad principal de los sucesivos gobiernos, que no han creado políticas de acceso de la población a la titulación definitiva de las mismas.

Podemos Citar un estudio realizado en 2006 por el Banco interamericano de Desarrollo BID, en el que se establece que: “Las ocupaciones se iniciaron después de la caída de la dictadura de Trujillo en 1961 sobre los predios recuperados por el Estado y no se han detenido, es tolerada y convalidada por el propio Estado” a través de la otorgación de documentos alternativos o provisionales de propiedad, como la carta constancia o constancia anotada, Certificados de Asignación Provisional, el cintillo, Títulos Provisionales. “Solamente en Santo Domingo hay 240 mil cartas constancias emitidas, el propio Registro de Títulos”, expresaron.